Hace varias semanas se viene hablando en distintos medios de comunicación sobre «el problema de la Ley Nacional de Salud Mental». En la mayoría de los artículos periodísticos circulan una serie de «problemas» enlistados como: la imposibilidad de internación, la peligrosidad de los sujetos y la falta de respuestas por parte del Estado.
Pero, ¿cuál es el problema?
La Ley 26.657, sancionada en el año 2010, establece la sustitución del modelo de encierro por un modelo comunitario basado en los derechos de las/os usuarias/os. Entonces, para la creación de nuevos dispositivos es necesario asignar el presupuesto que esta problemática requiere. En cambio, estamos frente a un terreno desmantelado en el ámbito de la salud pública en dónde cada vez se reducen más los fondos.
Bajo ningún concepto la Ley establece el abandono y la desidia de quienes padecen en salud mental sino que por el contrario, la norma es un instrumento esencial para la protección y cuidado de las/os usuarias/os.
Estamos frente a un consenso mediático que responde a intereses concretos y que busca atacar a la Ley y retroceder en el avance de derechos conquistados, adjudicándole los problemas surgidos por la NO aplicación, la desregulación y la falta de implementación del propio texto normativo. Estos grupos son los mismos que en el año 2017 intentaron a través de un cambio en la reglamentación transformar radicalmente el sentido de la norma.
Necesitamos enfocar este debate en lo urgente: que el Estado, a través de la implementación de políticas nacionales, provinciales y municipales, implemente respuestas frente a estos casos críticos siguiendo el lineamiento de la Ley, lo que implica la puesta en marcha de un proceso de reformas de los tradicionales dispositivos de abordaje de las problemáticas de salud mental, la creación de nuevas instituciones para avanzar en procesos des/institucionalizadores y la asignación presupuestaria que la salud mental merece.
